Aborto libre en la Sanidad Pública para todas

Este sábado, un centenar de mujeres se manifestaron en el centro de Madrid para reivindicar al gobierno su compromiso de implementar medidas reales y efectivas que garanticen el acceso al aborto libre y denunciar la impunidad de los grupos antiabortistas. 

La marcha convocada este sábado por la Comisión Madrileña por el Derecho al Aborto, recorrió las calles céntricas de Madrid, desde la glorieta de San Bernardo hasta la plaza de Callao, con motivo del Día Internacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos y Despenalización del Aborto. Al grito de “aborto libre, seguro y gratuito”, las manifestantes protestaron la falta de acceso a un servicio público eficiente que garantice su derecho al aborto, a pesar de que en 2023 el congreso reformó la ley para facilitar esta práctica, eliminando algunos requisitos restrictivos como el periodo obligatorio de reflexión y la notificación de los padres en el caso de menores de 16 y 17, además de asegurar su gestión en centros públicos. Sin embargo, en 2024, menos del 20% de los abortos se realizan en la Sanidad Pública, y algunas mujeres tienen que viajar a otras provincias para interrumpir su embarazo, según datos de El Salto Diario.    

Igualmente, las manifestantes denuncian la impunidad de los grupos antiabortistas. Estos grupos se reúnen y hostigan en las puertas de los centros de interrupción voluntaria del embarazo. Estas acciones están motivadas generalmente por creencias religiosas e ideologías ultraconservadoras, convicciones fundamentalistas que nada tienen ver con la realidad social actual. Por otro lado, se encuentra el derecho a la objeción de conciencia de los sanitarios para no participar en la realización de abortos. Este derecho está protegido, lo que significa que los médicos y el personal sanitario pueden negarse a llevar a cabo la interrupción del embarazo si va en contra de sus convicciones éticas y morales. La ley reformada en 2023 introduce la creación de registros de profesionales objetores en los centros sanitarios públicos, para que la objeción de conciencia esté debidamente controlada y se garantice que haya suficiente personal disponible para realizar abortos en todas las comunidades autónomas. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid siguen sin existir estos registros, siendo otra de las razones por la que las manifestantes se echan a la calle.

Así mismo, se protestó la vigencia en el Código Penal de penalizaciones a aquellas personas que practiquen el aborto fuera de los supuestos legales, con sanciones que pueden ir desde una multa hasta 3 años de prisión. La libertad sexual y reproductiva debe ser un derecho garantizado por cualquier Estado para las mujeres, ya que es fundamental para su salud física y mental. Negar este derecho constituye una forma de control y opresión. La autonomía corporal es un principio básico de los derechos humanos y resulta crucial para lograr una igualdad entre mujeres y hombres.